Por Sheu Jeen Lee
A partir del 24 de Abril y las semanas posteriores, el colapso de la edificación de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh generó titulares a nivel mundial a medida que sobrevivientes y cadáveres eran recuperados de entre los escombros de lo que una vez fue una construcción en Savar, un sub distrito a las afuera de la ciudad capital de Dhaka. El colapso del complejo de ocho pisos acabó con la vida de aproximadamente 1.100 personas y dejó heridas a unas 2.500 más. Tanto el dueño del edificio como el ingeniero tuvieron conocimiento de la existencia de grietas importantes unas horas antes del colapso de la edificación, pero no se llevó a cabo una evacuación. Posteriormente, se tuvo conocimiento que el edificio de varios pisos había sido construido con más niveles de los que habían sido aprobados, y que tampoco había sido diseñado para soportar la maquinaria industrial y el número de personas que en él trabajaban. Aunque se levantaron cargos contra muchas personas con base en la negligencia, esta tragedia resalta cuestiones legales de mayor amplitud, tales como la carencia de códigos de construcción y fallas en el cumplimiento de los códigos existentes. Este caso –conjuntamente con otras fallas estructurales que ocurrieron este año en Egipto, Camboya, Ruanda y más recientemente en Filadelfia – enfatiza la importancia de contar con marcos normativos sólidos al respecto.
El desastre del edificio en Bangladesh ilustra la importancia de contar con marcos legales efectivos para la construcción y edificación, con incidencia en la prevención de desastres causados por la actividad humana. Sin contar siquiera con la implementación de estándares de seguridad mínimos, los edificios no soportaran desastres naturales tales como inundaciones, tormentas tropicales o terremotos. El colapso de las construcciones, con frecuencia incrementa dramáticamente el número de personas fallecidas y heridas en desastres naturales.
El Programa de Derecho Relativo a los Desastres de la FICR conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentra actualmente llevando a cabo un proyecto de investigación a nivel global, enfocado en la diferencia que puede hacer la ley en la reducción de riesgos de peligros naturales. El estudio busca identificar y evaluar las mejores prácticas, brechas comunes y la efectividad de la legislación existente relacionada con la reducción de riesgo de desastre. Este se basa en estudios documentales de los marcos legales de 26 países, y empleará más análisis exhaustivos de leyes nacionales y su implementación, particularmente en los niveles local y comunitario, en 13-15 países. Los estudios de caso completados recientemente por los socios del proyecto incluyen los de Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Madagascar, Iraq, Nueva Zelandia, Nicaragua y Vietnam.
La investigación está mostrando que en los países que están experimentando una rápida e incontrolada urbanización la violación de los códigos de construcción es rampante. Las prácticas comunes incluyen falta de obtención de las autorizaciones necesarias, el uso de materiales de baja calidad, diseño defectuoso y falta de características de saneamiento y prevención de incendios. Los hallazgos preliminares de las investigaciones sugieren que incluso en países donde existen códigos de construcción éstos no son lo suficientemente exhaustivos, no son legalmente exigibles, o no son implementados eficazmente. Ello se debe a varios factores, incluida la insuficiente capacidad del gobierno a nivel local para garantizar el cumplimiento, el incremento de costos que el cumplimiento de los requisitos mínimos implica para los propietarios, y un bajo nivel de aceptación y conciencia entre la población.
Para que las normas de seguridad sean eficaces estas requieren de líneas de responsabilidad y rendición de cuentas claramente definidas en todos los niveles del gobierno y la comunidad, y los recursos y capacidades para garantizar su implementación. Esto puede impedir que los constructores e ingenieros utilicen atajos con respecto a la fuente de los materiales o los métodos de construcción, y garantizar que las autoridades lleven a cabo inspecciones periódicas en la construcción y exijan el cumplimiento de las normas de seguridad estipuladas en la ley. También es imperativo que las comunidades locales sean educadas para que estén consientes de la relevancia que tienen los códigos de construcción en la reducción de su propio riesgo, especialmente cuando construyen sus hogares con materiales locales. Las casas y estructuras sólidas están mejor equipadas para suportar el surgimiento de inundaciones y fuertes vientos, y también son más resistentes a los incendios, temblores y otros peligros.