Por Mary Picard
El 12 de Octubre, la FICR y PNUD organizaron un “taller de incepción” para un proceso de consulta multianual que aspira desarrollar una lista de verificación (u otro documento similar) con el fin de determinar los factores clave en cómo podría la legislación promover de manera efectiva la reducción de riesgo de desastre (RRD).
En su discurso de apertura, la Consejera Legal de la FICR Elise Baudot, señaló que “La materia objeto del taller de hoy es importante para todos aquellos que queremos ver resultados en la reducción de riesgo de desastre, particularmente a nivel comunitario. Al abordar la cuestión de RRD desde la perspectiva legal reconocemos que la ley y las normativas constituyen únicamente una herramienta que apoya la RRD, y que además la efectividad de la ley depende de una buena implementación. Sin embargo está muy claro que algunos aspectos de la RRD no requieren un marco regulatorio, ya sean leyes nacionales o normas con carácter legal emanadas del gobierno local.”
Por su parte, la Directora de PNUD Ginebra, Cecile Molinier, enfatizó que “el conocimiento y las herramientas están disponibles para anticipar el impacto de los desastres y para gestionarlos y mitigarlos, si se establecen las políticas de desarrollo, marcos legislativos y arreglos organizativos adecuados. Fortalecer los sistemas que rigen la reducción de riesgo es por ende una línea de acción prioritaria para PNUD.”
Con la participación de expertos legales y de RRD de las Sociedades Nacionales, la FICR, ONG y agencias de la ONU, el taller exploró la utilidad de la legislación en varios aspectos de RRD, así como también los factores que conducen al éxito o al fracaso de leyes relevantes en varias partes del mundo.
Algunas de las áreas que según el grupo parecían requerir con mayor urgencia marcos legales efectivos para garantizar la implementación de la RRD a nivel de país incluyeron: la definición de los roles y mandatos de las instituciones gubernamentales; obligaciones y responsabilidad jurídica del gobierno y los agentes privados; seguridad en edificaciones y construcciones conjuntamente con el uso de la tierra por parte del gobierno local/planificación especial para prevenir la generación de nuevos peligros y riesgos que traen consigo los nuevos desarrollos; la inclusión de criterios de RRD en la evaluación de impactos; recursos y financiación para la RRD en todos los niveles del gobierno; seguros para casos de desastre; sistemas oficiales/gubernamentales de alerta temprana; inclusión de concientización de RRD en el sistema de educación formal; integración de las comunidades y la sociedad civil en las políticas nacionales y locales de RRD y su implementación; y normativas relacionadas con riesgos específicos tales como incendios, inundaciones, terremotos/tsunamis etc.
Otra de las áreas discutidas fue la cuestión de RRD en los asentamientos informales (barriadas y zonas marginadas). De hecho, muchos de estos asentamientos enfrentan altos niveles de riesgo y son muy vulnerables a los efecto del desastre por como y donde están construidos y por la falta de servicios sociales. Por otra parte, el grupo sintió que podría llevarse a cabo una RRD muy efectiva en estas comunidades sin la participación oficial, pero que por otro lado, la única forma de remover o reducir la vulnerabilidad era regularizar tales asentamientos, colocarlos bajo los controles de planificación gubernamentales y proveer servicios sociales.
El grupo también señaló la importancia para la RRD de la protección de ciertos derechos humanos y civiles generales que normalmente se encuentran en las constituciones nacionales. Estos incluyeron, el derecho a la vida y la seguridad; una amplia rendición de cuentas democrática por parte de los gobiernos para proteger y consultar con los residentes; y la participación de las comunidades y particularmente de las mujeres y las jóvenes en la planificación de la RRD.
Mientras se reconoció que las leyes debían ser vistas como un fin en si mismas, el grupo afirmó que estas constituían una herramienta crítica para la promoción de la RRD. Con respecto a la lista de verificación propuesta, el grupo recomendó un enfoque simultáneo sobre el contenido de la ley y sobre los factores que promueven una implementación completa. Adicionalmente recomendaron un amplio proceso de consulta que involucrara no sólo a los expertos legales y de RRD si no también a los legisladores a nivel nacional y local y al sector privado.
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