Por Mary Picard
Este mes una corte regional en Italia condenó a seis científicos de terremotos y a un ex oficial gubernamental con el cargo de homicidio múltiple, por la muerte de 309 personas fallecidas en el terremoto de magnitud 6.3 que golpeó a L'Aquila el 6 de Abril de 2009. El caso ha emitido ondas de choque entre los foros legales y científicos. También ha enviado un mensaje estremecedor para aquellos que ofrecen su experticia a la reducción de riesgo de desastre – ya sea como funcionarios a sueldo o como voluntarios.
De acuerdo con los informes noticiosos, los siete acusados en este caso eran miembros de la Comisión Nacional para el Pronóstico y la Prevención de Desastres de Gran Escala, acusados de haber provisto información “imprecisa, incompleta y contradictoria” sobre el peligro al comienzo de los temblores que se sintieron con antelación al terremoto de L’Aquila (Noticias BBC 11 de Oct de 2012). La alerta temprana es un elemento clave de la mayoría de los sistemas de reducción de riesgo, y han existido casos donde los funcionarios gubernamentales fueron encontrados responsables de manera justificada por no haber alertado ante la proximidad de un peligro. Sin embargo, al contrario de los peligros que pueden ser rastreados – tales como los huracanes y las inundaciones – que permiten generar una alerta razonablemente precisa, el consenso científico parecer ser que el momento preciso cuando un terremoto ocurrirá es altamente impredecible.
El caso de la fiscalía consistió en que los siete expertos no habían llevado a cabo su trabajo de manera adecuada, porque tranquilizaron al público y refutaron la precisión de una predicción que hiciera un científico nuclear local sobre un terremoto de gran escala. La base de sus convicciones fue que el llamado a la calma hizo que las personas cambiaran su comportamiento y no evacuaran, generando como resultado un gran número de muertes. La evidencia presentada en defensa de los acusados consistió en que los científicos hicieron sus mejores cálculos con base en los datos disponibles, pero que no les era posible estar totalmente seguros. Los acusados apelaron la decisión.
Cualquiera que sea el resultado final de este caso, estas dramáticas condenas envían un mensaje muy negativo a los científicos que, por motivaciones humanitarias, participan en la predicción de peligros naturales para ayudar a evitar desastres. Es seguro que la responsabilidad legal puede constituir una herramienta importante para garantizar la rendición de cuentas por alertas en casos de desastre en algunas circunstancias. Sin embargo, al tratarse de terremotos, hubiese resultado más productivo desviar el enfoque legal a cuestiones tales como el refuerzo de resistencia de los estándares de construcción en caso de terremotos, la retro adaptación de viejas edificaciones para soportar sismos, y de manera general a la planificación del uso de la tierra y otras normativas urbanas para la reducción de riesgos.