Por Tessa Kelly
El 4 de Diciembre de 2012, el Tifón Bopha descendió con toda su fuerza sobre las Filipinas, golpeando la parte sur de la Isla Mindanao y cobrando las vidas de alrededor de 1.000 personas. Unas 46.000 casas fueron destruidas, y a más de tres meses del suceso 46 por ciento de dichas casas siguen en condiciones de inhabitabilidad. Veinticinco por ciento de los hogares afectados se encuentran viviendo en casas improvisadas, y muchos otros comparten barracas con hasta otra docena de familias. Proveer asistencia de albergo adecuado para todos aquellos que han sido afectados continúa siendo un gran reto.
Luego de un desastre de gran escala, el diseño de una respuesta de albergo rápida y efectiva involucra a varios agentes gubernamentales y no gubernamentales (tanto nacionales como internacionales), y puede involucrar leyes de sectores muy diferentes. La resolución de cuestiones de largo plazo, incluidas la posible reubicación, adquisición de nuevas tierras y la construcción de nuevas casas podría tomar meses o incluso años. Mientras se llevan a cabo estos procesos, los desplazados podrían verse atrapados en condiciones de refugio de emergencia. En Febrero, la Coordinadora del Programa de Derecho Relativo a los Desastres de la región Asia Pacífico de la FICR, Tessa Kelly, viajó a las áreas de Filipinas que resultaron afectadas por el Tifón a fin de recolectar información acerca de las barreras legales y normativas que impactan la respuesta de Bopha. La Coordinadora se reunió con representantes de una amplia gama de departamentos gubernamentales, organizaciones internacionales y locales, así como también comunidades afectadas.
Durante un encuentro inter-agencias, un Alcalde Municipal dio a conocer su frustración ante lo largos que pueden llegar a ser los procedimientos para proveer albergo de emergencia y de transición. “si se quiere demorar la acción”, exclamó, “entonces que se creen comités y sub-comités. Nuestra gente no puede esperar. ¡La recuperación debe ser rápida!”
Una de las mayores preocupaciones, tanto de los gobiernos locales como de los proveedores de albergo, es la identificación de áreas propensas a peligros a fin de ser declaradas como “Zonas de No Construcción”. Con decisiones todavía pendientes, los proveedores de albergo se encuentran renuentes a proveer asistencia de albergo de transición o permanente, por temor a que los receptores sean posteriormente desalojados o reubicados. Otros procesos normativos podrían demorar aún más la respuesta, incluidos los requisitos para verificar los títulos y propiedad de la tierra. Se presentaron inquietudes con respecto a si las personas con arreglos informales de tenencia de la tierra, tendrían igual acceso a la asistencia de albergo que aquellas que eran capaces de presentar evidencia documental de títulos de tierra, y si los grupos indígenas en lugares remotos de difícil acceso también recibirían la tan necesitada asistencia.
La Comisión sobre Derechos Humanos de las Filipinas (CHRP) está enfrentando estos retos, tomando acciones para garantizar que los derechos humanos sean protegidos en la provisión de todo albergo post-desastre. Representantes de la CHRP se encuentran participando en encuentros inter-agencias y visitando gobiernos locales para asesorarles sobre los estándares internacionales de derechos humanos clave, y las obligaciones del gobierno según el derecho nacional. La Sra. Junitte Rose F. Barroquillo, de la CHRP, tuvo una perspectiva positiva sobre las oportunidades que Bopha podría brindar. “Sin habérselo propuesto, el Tifón Bopha, podría de hecho aliviar el drama de nuestros asentamientos informales, entre otros,” manifestó. A través de la promoción de los principios de no-discriminación y asistencia equitativa, la Sra. Barroquillo explicó que “los asentamientos informales serán incluidos en los planes de reubicación a zonas seguras, dándoles acceso a mejores arreglos y condiciones de vida.”