Matthias Schmale, FICR
Álvaro Bermejo, Director Ejecutivo de la AlianzaSi la forma en que son tratados los miembros más vulnerables y marginados de una comunidad es la prueba de una sociedad humana, entonces, la estamos perdiendo.
Cada día, la violencia, el estigma y la discriminación alejan del acceso a la prevención, la atención y el tratamiento del VIH a quienes más lo necesitan Trabajadores del sexo, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y consumidores de drogas son regularmente marginados y particularmente vulnerables a contraer el VIH. Este mes, la comunidad internacional se reúne para examinar los avances y adoptar el proseguimiento de la respuesta global al sida. El reto es aún enorme.
Globalmente, 33,3 millones de personas viven con el VIH y 1,8 millones murieron de causas relacionadas con el sida en 2009. Quienes viven con el VIH afrontan niveles inaceptables de prejuicio y hostilidad, lo que implica que incluso ganarse la vida pueda resultar imposible. En el caso de aquellos de los países más pobres, acceder al tratamiento es sumamente difícil cuando la oferta de terapia antirretroviral es escasa y hay que caminar horas para llegar a las instalaciones de salud.
Tenemos que hacer cuanto esté a nuestro alcance para proteger a las comunidades marginadas, vulnerables y más expuestas al riesgo de contraer el VIH, incorporándolas activamente a nuestras respuestas de salud, en lugar de penalizarlas o dejarlas perecer.
A pesar del gran progreso de los 30 últimos años, gracias al cual, millones de personas hoy tienen acceso al tratamiento y viven saludables vidas seropositivas, nuestra próxima prueba de fuego será definir la manera de ocuparnos de las constantes consecuencias del VIH en las personas más vulnerable de nuestras sociedades. No obstante, por el momento, vemos que la financiación disponible para abordar el VIH rara vez llega a dichas comunidades y, en muchos casos, se asigna a grupos que más gustan desde el punto de vista político, aunque incida muy poco en la epidemia.
En Europa oriental y Asia central donde la epidemia se concentra primordialmente en los consumidores de drogas y en el 89 por ciento de los fondos de prevención no se da prioridad a las personas a más alto riesgo.
En los países africanos con altas tasas de prevalencia en toda la población, las comunidades con más alto riesgo de infección ven menos del uno por ciento del gasto en actividades de prevención.
Tal uso de los fondos disponibles no es racional ni eficaz en función de los costos. ¿Por qué las comunidades más afectadas por el sida aún no pueden acceder a los fondos cuando son las que saben lo que es más indicado para ellas?
Recientemente, fuimos testigos del recurso a leyes punitivas para abordar el VIH. Muchos países adoptaron leyes que penalizan la transmisión del VIH. Se propusieron penas cada vez mayores para el trabajo sexual y los delitos de sodomía; además, la atención que prestan los medios a la condena y las leyes draconianas alimenta el estigma. Todo ello dificulta en grado sumo que los programas sobre el VIH lleguen a aquellos expuestos a más alto riesgo de contraerlo. El derecho debe apoyar servicios de atención de salud equitativos, pero en demasiados países socava nuestra capacidad de abordar el VIH eficazmente.
Muchas vidas en juego Urge que el mismo nivel de liderazgo constatado hasta ahora para responder al sida, se ejerza para ofrecer entornos jurídicos de apoyo. Proteger la salud púbica y promover los derechos humanos son estrategias que se refuerzan mutuamente. Anular el progreso realizado hasta ahora en la respuesta al sida sería un enorme error. Tendríamos que reconocer como es debido los grandes avances conseguidos. No olvidemos que solo 30 años atrás, la mayoría de las personas afectadas moría de sida; hoy, gracias al tratamiento, esas personas pueden vivir una vida plena, activa y saludable. Precisamente este año, tuvimos la clara confirmación de que el tratamiento antirretroviral del sida puede utilizarse como método de prevención.
Ahora bien, esos beneficios podrían ser fácilmente revocados en la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre el Sida que se celebra estos días en Nueva York. Incumbe a nuestros legisladores garantizar que toda nueva declaración sobre el sida contenga el claro compromiso de los países de ofrecer un entorno seguro y garantizar que aquellos más expuestos al riesgo de contraer el VIH sean plenamente protegidos y atendidos para que reciban la prevención, el tratamiento y el apoyo a los que tienen derecho.