En
2005, particulares y gobiernos tendieron la mano a los necesitados
de todo el globo como nunca lo habían hecho. Respondieron
a una serie de desastres repentinos y de grandes proporciones
tales como el tsunami en el Océano Índico, el
terremoto en Asia meridional y la temporada de huracanes sin
precedente en las costas estadounidenses del Golfo de México.
El año pasado, los desastres dejaron un saldo de 99.425
muertos y 161 millones de damnificados en alguna medida, y tuvieron
un costo de casi 160.000 millones de dólares.
Las donaciones batieron todos los récords de generosidad.
En 2005, los fondos donados por particulares y gobiernos para
financiar la ayuda humanitaria se cifraron en 17.000 millones
de dólares, como mínimo, superando con creces
el récord de cualquier otro año. Los particulares
contribuyeron a esa suma con 5.500 millones de dólares
para los damnificados por el tsunami.
Ese monto representa más de lo que las organizaciones
no gubernamentales jamás habían recolectado siquiera
en un año, según el Informe Mundial sobre Desastres,
que este año versa sobre las crisis desatendidas, y que
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja presentó a la prensa hoy,
14 de diciembre, en Ginebra.
Hay muchos motivos de enorgullecerse de tal generosidad porque
los fondos donados, permitieron que millones de personas comieran,
bebieran agua potable, dispusieran de refugios para ampararse
de la lluvia y la nieve, y comenzaran a reconstruir su vida
y sus medios de subsistencia después de los desastres.
¿Pero qué sucedió con quienes permanecieron
en las sombras?
Pocos están al corriente de la silenciosa tragedia de
la mortalidad materna y neonatal en Nepal que se cobró
25 veces más vidas que el conflicto armado.
La discriminación de la mujer en Nepal hace que muchas
sufran en silencio durante el parto. Se estima que cada año
mueren 35.000 mujeres y recién nacidos debido a prácticas
riesgosas (tanto en lo que se refiere al parto como a la atención
neonatal) y a la discriminación de la mujer. El terreno
montañoso, el conflicto armado y la pobreza les impiden
el acceso a una adecuada atención de salud. Sin embargo,
esta tragedia, prácticamente, pasa inadvertida. Las crisis
humanitarias que se ocultan por motivos políticos o culturales
se deben sacar a luz en el momento oportuno para ayudar a los
afectados.
Cuanto más alumbran los proyectores de la prensa esas
catástrofes de gran visibilidad, más se hunden
en las sombras las crisis humanitarias crónicas y, en
muchos casos, son más mortíferas. Por cada crisis
que ocupa los titulares, hay otras que se desatienden o, simplemente,
no se dispone de fondos adecuados para paliarlas.
Muchos millones de personas quedaron al margen de la ayuda esencial
que puede salvar vidas porque las crisis que les aquejan no
figuran en casi ninguna base de datos y la mayoría de
los donantes y los medios de comunicación tampoco las
tienen en cuenta.
Por ejemplo, nadie lleva el registro del número de emigrantes
que mueren en el Sahara o en el mar cuando intentan llegar a
Europa en pequeñas embarcaciones con el propósito
de labrarse una vida mejorar para ellos y sus familias.
En Guatemala, al igual que en muchos otros países, las
principales bases de datos no contabilizan múltiples
desastres menores como inundaciones, terremotos o deslizamientos
de tierra. Ahora bien, en conjunto, estas crisis de pequeñas
proporciones se cobran más vidas y afectan a más
gente que los contados desastres de grandes proporciones.
Las crisis recurrentes tienen un impacto acumulativo que agudiza
la vulnerabilidad ante futuros peligros de mayores proporciones.
El daño futuro radica en las crisis de pequeñas
proporciones que socavan medios de subsistencia que de por si
son escasos; pero, a la vez, esas crisis ofrecen la oportunidad
de mitigar el impacto de futuros desastres. Hace falta un apoyo
a largo plazo que permita cimentar comunidades más seguras
mediante programas de reducción del riesgo de desastres
para que la gente pueda resistir mejor a los frecuentes desastres
de pequeña escala.
El año pasado, la ayuda alimentaria impidió que
hubiera una gran cantidad de muertes a causa del hambre en Malawi,
pero los donantes sólo proporcionaron una quinta parte
de los fondos solicitados por las Naciones Unidas para apoyo
agrícola: semillas y fertilizantes para que los pequeños
agricultores pudieran recuperarse y reducir el riesgo de otra
crisis alimentaria en la estación siguiente.
Al parecer, pocos donantes están dispuestos a invertir
en agricultura sostenible para evitar los continuos ciclos mortales
de las crisis alimentarias. Durante la hambruna de 2001–2002,
algunos hogares se vieron obligados a vender o arrendar sus
tierras. El Informe Mundial sobre Desastres recoge las palabras
de Peter Madeya, del distrito de Dedza: “Mucha gente tuvo
que alquilar sus campos por cinco años a cambio de alimentos,
por lo cual, no tenía donde cultivar y dependía
del trabajo a destajo.”
El atraso de la intervención frente a la crisis alimentaria
de Níger no sólo causó pérdidas
de vida y medios de subsistencia que podían haberse evitado,
también centuplicó el costo final de la ayuda.
La comunidad internacional debe sacar enseñanzas de la
experiencia de Níger e intervenir a tiempo con medidas
apropiadas o verá un sufrimiento similar en otros lugares
del Cuerno de África.
¿La asignación de fondos para crisis conocidas
es equitativa? Cuando el monto total de la financiación
humanitaria que recibió la ONU para cada emergencia,
se divide por el número de beneficiarios de la ayuda,
se obtienen datos reveladores. En 2005, para Chechenia se recibieron
281 dólares por beneficiario, para el terremoto de Asia
meridional, 310 dólares, y para Sudán, 431 dólares.
No es sorprendente que el tsunami haya sido el desastre que
captó mayor cantidad de fondos. Se recaudaron, como mínimo,
1.241 dólares por beneficiario, solamente por concepto
de ayuda humanitaria sin contar los 8.000 millones de dólares
para reconstrucción. Según el Informe Mundial
sobre Desastres, al otro extremo de la escala figuran los llamamientos
de emergencia que hizo la ONU en 2005 para el Chad, Côte
d’Ivoire, Guyana, Malawi y Níger, pues la suma
promedio que se recibió fue inferior a 27 dólares
por persona necesitada.
Algunos podrán argumentar que las diferencias de financiación
de los programas de emergencia traducen distintas necesidades
humanitarias y los consiguientes costos para suplirlas. Ahora
bien, cuando se compara la proporción en que se financiaron
esas necesidades se obtiene una cuadro similar. Mientras que
los llamamientos de la ONU para la República Centroafricana,
la República del Congo y Djibouti cubrieron a menos del
40%, en término medio, el llamamiento del tsunami fue
financiado al 475% y el llamamiento del terremoto de Asia meridional,
al 196%.
No obstante, hay signos de que se sacaron enseñanzas
y se desplegaron esfuerzos para llegar a quienes se había
desatendido.
En marzo de 2006, la ONU hizo un llamamiento para constituir
el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF por su sigla
en inglés) a fin de asignar fondos para una rápida
respuesta humanitaria en casos de crisis. Se había previsto
destinar un tercio del CERF a crisis desatendidas y en su primer
mes, el fondo asignó 13 millones de dólares a
organismos del Cuerno de África. En junio, se habían
recibido 365 de los 500 millones de dólares solicitados
para dicho fondo.
Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja –que hace 20 años
constituyó un Fondo de Reserva para el Socorro en Casos
de Desastre– en 2005, asignó 8,5 millones de dólares
de ese fondo para financiar intervenciones rápidas y
la mitad de esa suma se destinó a crisis menores o desatendidas.
Aunque en muchos casos, las necesidades de las mujeres se pasan
por alto, no siempre es así. Tras el terremoto de Asia
meridional, la Red Integrada de Información Regional
(IRIN por su sigla en inglés) informó que la semana
siguiente al desastre, en la provincia de Punjab, Pakistán,
se había instalado un campamento para acoger a 300 mujeres
y niños que habían perdido a los hombres de la
familia.
“A diferencia de otros campamentos donde las familias
se apiñan asustadas, allí niñas y niños
corren libremente por todas partes y se disputan el turno en
los columpios; las mujeres se sientan al sol a tejer o remandar
ropa”, señala el artículo de IRIN.
Esfuerzos como ese bien valen la pena. Los factores comunes
que subyacen en todas las crisis desatendidas son la vulnerabilidad
social y la pobreza crónica, a los que se suma la incapacidad
de los gobiernos para encarar la situación. Dichos factores
exponen a la gente a un mayor número de peligros y socavan
su capacidad de resistencia y recuperación.
Queda mucho por hacer para garantizar que millones de personas
que sufren en las crisis no sigan siendo desatendidas. En muchos
casos, el primer paso consiste en orientar la voluntad política
para que se creen las condiciones que las organizaciones humanitarias
necesitan para cumplir su labor en aquellos lugares del mundo
más desatendidos, inasequibles, secretos y peligrosos.
Entre las prioridades para acabar con la desatención
en todas partes figuran las que siguen.
• Captar donaciones apropiadas de carácter general
para disponer de un fondo común
de intervención en casos de emergencia sin que el dinero
sea asignado a un desastre
determinado.
• Establecer una medición global de la gravedad
de las necesidades humanitarias.
• Garantizar el tipo de financiación e intervención
apropiadas frente a crisis crónicas,
como el hambre, que se sitúan entre desarrollo y desastre.
• Acordar con donantes y gobiernos destinatarios, los
puntos neurálgicos de acción.
Si se proponen pensar y actuar de forma diferente para abordar
los distintos tipos de desatención, gobiernos, donantes,
medios de comunicación y organizaciones de ayuda deben
romper el ciclo de negligencia y sufrimiento.
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Mohammed
Omer Mukhier, Jefe del Departamento de Preparación
para Desastres y Respuesta en casos de Desastre, de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
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