La “guerra contra el terror” revela desigualdades en la ayuda humanitaria: millones de personas sufren como consecuencia de los desastres olvidados
17 de julio de 2003

Los esfuerzos internacionales para acabar con el terrorismo mundial plantean importantes dilemas éticos que ponen en peligro la legitimidad de los organismos humanitarios, según el Informe mundial sobre desastres 2003, presentado hoy, 17 de julio, por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En esta 11.a edición del Informe se destaca la creciente tendencia de donantes y organismos humanitarios a concentrar sus esfuerzos de ayuda en conflictos armados de relevancia que obedecen a estrategias políticas, como los de Afganistán e Iraq, mientras que se atiende muy poco a emergencias crónicas como las que afectan a Angola, Somalia y la República Democrática del Congo.

En abril de 2003, el Departamento de Defensa de EE.UU. había recaudado 1.700 millones de dólares estadounidenses para el socorro y la reconstrucción de Iraq. El reverso de la moneda, es el déficit de mil millones de dólares estadounidenses que acusa el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para impedir que 40 millones de personas mueran de inanición en 22 países africanos. En el caso de Angola, donde más de cuatro millones de personas dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir, la Federación Internacional hizo un llamamiento de emergencia en septiembre de 2002; pero cuatro meses después, apenas se había recibido el 4% de la cantidad solicitada.

“A escala mundial, nos encontramos con una verdadera desigualdad en la práctica humanitaria porque muchas guerras y muchos desastres son emergencias que cayeron en el olvido. Puesto que la comunidad de ayuda y los donantes han contraído el compromiso de prestar ayuda con imparcialidad, entonces, deben actuar según sus principios e intervenir allí donde las necesidades son mayores”, ha declarado Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente de la Federación Internacional.

En el Informe también se examina el creciente papel humanitario que desempeñan las fuerzas armadas en aquellos conflictos donde están en juego intereses geoestratégicos de Occidente. Muchos organismos humanitarios temen que los cambios de régimen en Kosovo, Afganistán e Iraq hayan hecho desvanecer la demarcación que existía entre asistencia humanitaria civil y asistencia humanitaria militar, lo que podría implicar que no se respete la imparcialidad de los trabajadores humanitarios y que se atente contra su seguridad o incluso contra su vida.

Responsabilidad de los organismos de ayuda

En cierta medida, los propios organismos de ayuda son también responsables de que no se atienda algunas de las emergencias crónicas que afectan al mundo. La precariedad de la recolección de datos, el intercambio de información y la colaboración entre organismos ha contribuido a que la comunidad internacional desconozca la verdadera dimensión del sufrimiento que conllevan muchas crisis; de ahí que en algunos casos, se haya prestado una ayuda inapropiada.

En una de las contadas encuestas disponibles, realizada por el Comité Internacional de Rescate en la República Democrática del Congo entre 1998 y 2003, se estima que 3.300.000 personas murieron de enfermedades de fácil tratamiento. Además, en el año 2000 los programas para fomentar e instaurar la paz en ese país recibieron 250 millones de dólares estadounidenses, pero el monto de los fondos donados para la ayuda humanitaria que “salva vidas” fue tan solo a 37 millones de dólares.

En emergencias complejas, nunca ha sido una tarea fácil establecer el equilibrio entre la ayuda que salva vidas y el apoyo a largo plazo que reduce factores de vulnerabilidad y propicia el desarrollo sostenible. En el Informe se señala que en Afganistán, las políticas de ayuda a corto plazo y los intentos de instaurar la paz y la democracia siguen su curso a costa de la observancia de los derechos humanos y la consecución del desarrollo a largo plazo. Dos tercios del dinero prometido en la conferencia de donantes (celebrada en Tokio en enero de 2002) se destinó a la asistencia humanitaria. A pesar de las protestas de las autoridades afganas, la mayor parte de esta asistencia consistía en una ayuda alimentaria que no se deseaba y que desbarató la economía agrícola del país.

Por otra parte, en el Informe también se critica a los organismos internacionales porque cuando llegan a un país en plena fase de emergencia, minan la capacidad de las ONG locales y las autoridades nacionales, en lugar de cimentarla. Desde la caída del régimen talibán, y la llegada a Afganistán de más de 350 organismos internacionales de ayuda hizo que los alquileres y los salarios se dispararán, acaparando a la mayoría de afganos calificados y con experiencia que hasta entonces trabajaban en dependencias gubernamentales y servicios públicos. Actualmente, el chofer de la Embajada de EE.UU. en Kabul gana 500 dólares al mes y un doctor del servicio público, apenas 45 dólares mensuales.

Hoy en día, los conflictos armados y los desastres suponen una constante prueba de fuego para los valores y principios morales que preconizan los organismos humanitarios. En el Informe se subraya la necesidad de que estos organismos realicen mejores análisis sobre su labor con el objetivo de establecer el debido equilibrio entre la defensa de la causa humanitaria y la acción en el terreno.

En 2002, durante la sequía que afectó África meridional, algunas ONG de Malawi y Zimbabwe denunciaron la manipulación política de la ayuda alimentaria y la provisión de cereales por parte del gobierno. En cambio, la mayoría de los organismos internacionales guardó silencio argumentando que su mandato era permanecer en el país. Entonces, se les acusó de no velar por las necesidades y los derechos de quienes se estaban muriendo de hambre.

Los derechos y el bienestar de los migrantes corren peligro

Los principios humanitarios también entran en juego cuando se trata de los derechos y el bienestar de los migrantes, que cada vez, corren más peligro. Unos 50 millones de migrantes forzosos y desplazados internos siguen siendo invisibles a los ojos de la ayuda y el derecho. En el Informe se puntualiza que la “crisis del asilo” que atraviesa el mundo estriba en que se gasta más dinero para impedir que los solicitantes de asilo entren en el Norte y no lo suficiente para ayudarles en el Sur.

El hecho de que los gobiernos occidentales hayan decidido aplicar controles de inmigración más estrictos para prevenir la entrada de presuntos terroristas, genera inquietud sobre la discriminación por motivos de religión o nacionalidad. Actualmente, en Estados Unidos, los nacionales de 25 países (principalmente islámicos), están obligados a inscribirse en el registro de las autoridades de inmigración. Asimismo, se teme que estos controles tan estrictos sean terreno fértil para las redes de trata de seres humanos en las que caen hasta cuatro millones de víctimas al año.

“Si nos proponemos respetar verdaderamente la dignidad humana y salvar más vidas mediante nuestras acciones, las organizaciones humanitarias debemos ser más responsables. Y debemos tomar la iniciativa de proporcionar un liderazgo y una orientación moral a los múltiples actores que participan en el quehacer humanitario para que se atienda realmente a las necesidades de las personas más vulnerables”, concluyó Suárez del Toro.

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