En su discurso de inauguración de la Asamblea General, el órgano de gobierno supremo de la Federación, el presidente, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, elogió la mejora de las intervenciones en casos de crisis y de la cooperación, pero condenó la creciente politización de la ayuda humanitaria y los ataques contra trabajadores/as de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Asamblea General aprobó la admisión oficial de tres nuevos miembros en la Federación Internacional: la Sociedad de la Media Luna Roja de Kazajstán, la Cruz Roja de las Islas Cook y la Cruz Roja de Micronesia, con lo que se eleva a 181 el número total de Sociedades Nacionales.

La Asamblea confirmó además el nombramiento de Markku Niskala en el puesto de Secretario General. La Asamblea General también decidió iniciar un amplio proceso de consultas en el Movimiento con vistas a tomar decisiones en el año 2005, destacando las funciones y modelos de cooperación de la Federación Internacional a fin de cumplir los desafíos que presenta el siempre cambiante mundo humanitario.

Consciente del reto sin precedentes que plantea el VIH/SIDA en términos de continuidad organizacional y conociendo la necesidad de una extraordinaria respuesta humanitaria, la Junta de Gobierno instó a las Sociedades Nacionales y a la Secretaría de la Federación Internacional a desarrollar modelos para lograr un mayor acceso a medicamentos vitales para quienes más los necesitan.

En una decisión histórica se creó el Fondo Masambo para dar acceso al tratamiento retrovírico a personal y voluntarios/as de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, muchos de quienes trabajan activamente en la lucha contra el VIH/SIDA, pero están muriendo por falta de tratamiento. El fondo fue bautizado con ese nombre en honor a una voluntaria que murió en 2001 tras años de servicio en la Cruz Roja de Zimbabwe.

Se ha pedido a las Sociedades Nacionales, al personal de la Secretaría de la Federación Internacional y a otros donantes que contribuyan al Fondo. Inicialmente, se espera que ayude a 300 personas a obtener tratamiento. Se garantizará a cada beneficiario/a el suministro de medicamentos durante cinco años, dando prioridad a los habitantes de países en los que no exista otra opción de financiación.