Christopher Black/ International Federation, Guinea 2001

Sección dos - Acerca del sistema

Capítulo 7
La rendición de cuentas es una cuestión de derechos y deberes

¿Por qué es importante la rendición de cuentas? En pocas palabras porque los actores humanitarios ejercen un verdadero poder sobre la gente afectada por crisis. Poder de decidir quien recibe ayuda y quien no, lo que recibirá, cuando y cómo. Poder de determinar donde la gente debe ir y cuando, lo que comerá, y la ropa y el refugio que se le proporcionará.

Ya en 1983, un experto en desastres afirmaba que sin la rendición de cuentas, los programas inevitablemente eran de índole paternalista o acababan por servir los intereses de donantes y organismos en lugar de atender a las necesidades de las víctimas. En 1994, el deficiente manejo clínico del cólera por parte de socorristas sin experiencia que se ocupaban de refugiados ruandeses avivaron los ánimos y comenzó a reclamarse una rendición de cuentas más estricta. A principios de 2002, se dieron a conocer informes pasmosos acerca del personal de organismos presentes en África occidental que abusaba de su poder, canjeando ayuda por relaciones sexuales.

Los evaluadores han subrayado firmemente los problemas encontrados en las operaciones humanitarios tales como: falta de profesionalismo; administración precaria; políticas y prácticas de financiación problemáticas; falta de coordinación; falta de acceso a servicios humanitarios; y poblaciones civiles y socorristas que son blanco de operaciones militares.

Abordar estos problemas implica definir responsabilidades y centrarse en la rendición de cuentas no sólo como principio humanitario superior sino también como práctica institucional. Establecer una cultura y una práctica de rendición de cuentas implica reconocer que el poder conlleva responsabilidades y que la labor humanitaria no es sólo una cuestión de logística sino también de personas que tienen derechos.

La rendición de cuentas exige que particulares, organizaciones y Estados apliquen dos principios interdependientes, a saber: rendir cuentas por lo que se ha hecho, y lo que no, y asumir las consiguientes responsabilidades, y poder informar sin peligro sobre las quejas y proponerse remediar. La rendición de cuentas tiene puntos comunes con la garantía de calidad como, por ejemplo, la verificación del impacto, el liderazgo organizativo y la satisfacción de los asociados; pero difiere de ella porque se centra en la responsabilidad de quienes tienen deberes y en los derechos de la gente afectada.

Entre las iniciativas tomadas desde mediados del decenio de 1990 para mejorar la calidad de la ayuda humanitaria figuran el "Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales", la Carta humanitaria y las normas mínimas del Proyecto de la Esfera. La finalidad de estas iniciativas es adoptar un enfoque basado en derechos más que en necesidades y centrado en la responsabilidad de los actores humanitarios.

Todos aquellos que se ocupan de socorro humanitario, del gobierno a las fuerzas armadas pasando por las ONG y los grupos de la sociedad civil deberían rendir cuentas a la gente afectada por crisis. Ahora bien, las responsabilidades difieren de un actor a otro. Los Estados y los grupos armados tienen la obligación de respetar las normas humanitarias estipuladas en los Convenios de Ginebra y de impedir que sean vulneradas. Asimismo, los Estados tienen el deber de velar por el derecho de todo ser humano a la alimentación, la ropa, la vivienda y la salud.

Aquellos Estados que no pueden prestar asistencia a la gente afectada por crisis tienen el deber de pedir asistencia a otros y, por consiguiente, de autorizarles el acceso con fines humanitarios independientemente de que se trate o no de una situación de conflicto armado. A pesar de la firmeza del derecho internacional humanitario en cuanto al acceso, desgraciadamente, la práctica difiere bastante. Gobiernos y grupos armados suelen violar este principio en nombre de la soberanía nacional o los esfuerzos de guerra. De ahí que en muchos casos, los trabajadores del quehacer humanitario sean blanco de intimidación o víctimas de asesinatos.

Los demás actores de la labor humanitaria también son responsables de sus actos. En la Declaración universal de derechos humanos se exhorta a que cada individuo y cada institución desempeñen una función para garantizar la observancia universal de los derechos humanos. En los Convenios de Ginebra se enumeran los derechos y las obligaciones del personal que participa en actividades de socorro. El Código de conducta, la Carta humanitaria del Proyecto de la Esfera y otras normas profesionales traducen el compromiso de los actores humanitarios de definir sus funciones en términos de derechos humanos y responsabilidad.

Últimamente, se han multiplicado las normas y directrices sobre la ayuda en las que se establecen principios generales, puntos de referencia sectoriales y códigos interinstitucionales. ¿Se trata de un intento de impedir que haya un solo modelo para evaluar las operaciones humanitarias? No. En primer lugar, estos códigos son un marco de referencia práctica para toda una gama de contextos. En segundo lugar, tras una verificación estricta, tan solo se adoptarán aquellos códigos que se juzguen pertinentes.

Ello no impide que la calidad de la ayuda se vea comprometida por la falta de supervisión y de indicadores que permitan medir el cumplimento de todas esas normas. Las conclusiones de las supervisiones se deben publicar y dar lugar a resultados tangibles. De no ser así, las normas no serán más que tigres de papel.

La rendición de cuentas en el terreno implica que las personas afectadas por crisis participen en decisiones que les incumben. Estas personas pueden disponer de sus propios medios para hacerles frente por lo cual es esencial que se les incluya en la planificación de la ayuda. Si no se logra entablar un verdadero diálogo con ellas en cuanto a sus necesidades puede crearse una situación de frustración o incluso de peligro. Cabe señalar que muchas consultas se limitan más bien a obtener información que a fomentar el diálogo.

Aun cuando los organismos tengan experiencia en lo que respecta a escuchar a los interesados, deben preguntarse lo siguiente: ¿Escuchar y consultar para qué? ¿Quién pregunta? ¿Qué ocurre después? Trabajar en forma más transparente y rendir cuentas exige mucho más que escuchar.

Elemento fundamental de la rendición de cuentas es la posibilidad de presentar quejas. Estas pueden ser infundadas o serias pero, rara vez, las organizaciones de ayuda y los gobiernos las tienen en cuenta. ¿Qué pueden hacer las agencias para saber escuchar mejor las preocupaciones de la gente? ¿Cómo pueden aprovechar la experiencia y la creatividad de los damnificados por los desastres? ¿Cómo responder a lo que escuchan? Indudablemente, la rendición de cuentas ha de abarcar los tres elementos concretos que se enumeran a continuación.

• Obligación de informar. Los organismos deben informar a las personas afectados sobre todos los aspectos de las operaciones de ayuda y sobre sus derechos mediante reuniones públicas o a través de los medios de comunicación y los centros de información.


• Obligación de escuchar. Los organismos deben empeñarse en conocer el punto de vista de los damnificados sobre lo que les preocupa y lo que consideran prioritario para mejorar la prestación de la ayuda, organizando entrevistas, grupos de discusión y auditorías sociales, o abriendo una oficina de apoyo. Es imprescindible que quienes prestan ayuda establezcan mecanismos que ofrezcan la posibilidad de que se registren las quejas de la gente y se procure remediar.


• Obligación de responder e informar al respecto. Escuchar a la gente afectada por crisis debería propiciar cambios en la prestación de la ayuda. Los organismos han de asumir la responsabilidad de lo que han hecho bien y de lo que han hecho mal. A efectos de demostrar que tras haber escuchado a los beneficiarios se han operado cambios concretos, los organismos deben informar de lo que han hecho, y lo que no, a las comunidades, los donantes y demás asociados. La presentación de esta clase de informes completa el círculo de la rendición de cuentas, es decir, informar, escuchar y responder.

Crear un cultura de rendición de cuentas es tarea interminable; no se trata de un resultado tangible sino más bien de un proceso permanente con puntos de referencia para medir su evolución. En lo que respecta a la rendición de cuentas, el reto consiste en lograr que la excepción se convierta en regla, en una práctica institucionalizada.

Las normas existentes no han sido suficientemente divulgadas. Muy pocas de ellas son evaluadas, supervisando su aplicación o sancionando su incumplimiento. La falta de autorreglamentación reduce el impacto que podrían tener estas iniciativas. Los actores humanitarios han de actuar juntos para crear órganos de autorreglamentación, a escala nacional e internacional, que deberán: garantizar la participación de los beneficiarios; garantizar la participación de los demás asociados; ser transparentes; tener la facultad de supervisar y hacer cumplir las normas aprobadas; actualizar dichas normas; aprobar o suprimir la adhesión de organizaciones, e incluir el derecho a apelar.

Sólo si es transparente en sus operaciones y rinde cuentas a aquellos cuya vida resulta más perjudicada, la acción humanitaria cumplirá verdaderamente con su objetivo de proteger y sustentar el bienestar y la dignidad de todos aquellos afectados por desastres o conflictos armados.

Capítulo escrito por Agnès Callamard y Koenraad Van Brabant, directores del Humanitarian Accountability Project.