La ética humanitaria es una convicción de larga data que ha ido evolucionado y preconiza el derecho de ayudar a todo aquel que corre un peligro grave. Este valor profundamente arraigado se encuentra en cada cultura y religión, así como en la ideología política de los derechos humanos. Las ideas de “derecho a la vida” y de una “dignidad humana” esencial y común a todos los seres humanos se articulan en el derecho internacional humanitario (DIH), los instrumentos de derechos humanos y los principios adoptados por las organizaciones humanitarias. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja da primacía al principio de humanidad que se define como el deseo de “prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias… de proteger la vida y la salud, así como de hacer respetar a la persona humana”. La imparcialidad afirma que la ayuda se basará únicamente en la necesidad.

A fin de aplicar la ética humanitaria durante las crisis, los colaboradores del quehacer humanitario se rigen por dos principios: neutralidad e independencia. Al afirmar su desinterés por la política en situaciones de guerra o desastre, dichos colaboradores esperan tener acceso a todos los necesitados, pero ello no quita que deban encarar retos morales de peso. En una situación de guerra, la población civil puede ser un blanco deliberado. En una situación de desastre, se puede negar ayuda a los grupos marginados. En una hambruna, la inanición puede servir de arma. La consecución de la paz puede primar sobre la ayuda que salva vidas; la prestación de socorro puede condicionarse a determinados resultados políticos, y los derechos humanos conculcarse en aras de la estabilidad política.

Cabe considerar cinco peligros de orden moral: complicidad en abusos (nutrir a los refugiados puede contribuir a que se vuelvan a formar bandas armadas); ligitimación de violaciones de derechos humanos (dar prioridad a la ayuda respecto a las investigaciones en la materia puede propiciar un clima de impunidad); efectos negativos de la ayuda (la ayuda en demasía puede desbaratar los mercados locales o contribuir a la despoblación); beneficiarios y selección (se puede dejar morir a los más necesitados cuando existe la posibilidad de ayudar a otros con mayor eficiencia); defensa o acceso (condenar atrocidades puede equivaler a la expulsión de los organismos).

La defensa de la causa humanitaria es crucial para recordar a todos los actores sus deberes humanitarios. Puede tratarse de una defensa discreta, de conversaciones en privado o de críticas públicas. A menudo, las organizaciones nacionales la llevan a cabo con más determinación que las organizaciones extranjeras que se encuentran en el país. Ahora bien, esta tarea entraña riesgos tales como: hacer una apreciación errónea (en una emergencia compleja donde se actúa rápidamente, es fácil interpretar incorrectamente los hechos, lo que pone en peligro la credibilidad de los organismos); provocar una reacción violenta (denunciar atrocidades pone en peligro a la gente del lugar y los organismos pueden ser expulsados); vulnerar los principios humanitarios (pronunciarse demasiado en favor de un grupo puede menoscabar la imparcialidad del organismo en cuestión).

Uno de las principales preocupaciones ética reside en la selectividad de la ayuda de emergencia. En 2000, la ayuda de socorro ascendió a 5.900 millones de dólares, cifra sin precedente, pero la distribución mundial revela un mapa más bien político que moral. Ese año, el Cáucaso septentrional recibió 89 por ciento del llamamiento de la ONU y Somalia tan solo 22 por ciento. La ayuda per capita varió de 10 dólares, en Uganda, a 185 dólares en Europa sudoriental. Pocas semanas después del derrocamiento de Saddam Hussein, se habían recaudado 1.700 millones de dólares para prestar socorro a Iraq, pero sólo se había recibido menos de la mitad de la suma prometida para los 40 millones de africanos que sufren de inanición. El año pasado, 2.400.000 africanos murieron de VIH/SIDA y, este año, la suma necesaria para luchar contra esa pandemia en los países pobres es el doble de la solicitada el año pasado para tales fines. Además, las investigaciones indican que las organizaciones humanitarias basan sus solicitudes de fondos más bien en aquello que sustentará el “mercado” de donantes que en la evidencia de las necesidades objetivas.

¿La acción humanitaria debería limitarse a salvar vidas o proponerse garantizar también los bienes sociales? El Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las organizaciones no gubernamentales da prioridad al deber humanitario (alivio inmediato del sufrimiento) y los principios subsiguientes de imparcialidad, ninguna acción política, e independencia ayudan a garantizar que éste se cumpla. Además, en el Código se exhorta a los signatarios a respetar la cultura, desarrollar las capacidades locales, propiciar la participación, reducir las causas de vulnerabilidad y ser plenamente responsables. Todo esto es mucho más ambicioso que limitarse a aliviar el sufrimiento.

Ahora bien, adentrarse un poco más en la vida de la gente conlleva riesgos morales. Durante los conflictos armados, propiciar la participación puede exigir que se entablen negociaciones con grupos armados, lo que pone en peligro la neutralidad y la independencia de los organismos. En casos de desastre natural, combatir las causas de vulnerabilidad puede exigir que se aborden temas como la tenencia de la tierra y la exclusión política, lo que también pone en peligro la neutralidad. Por otra parte, existe el riesgo de que los organismos prometan a la gente del lugar más de lo que pueden dar.

La tensión que recoge el Código, entre ambiciones inmediatas y a más largo plazo, ha llevado a muchos a optar por un enfoque minimalista (dar prioridad a salvar vidas respecto a cualquier otra actividad) o bien, por un enfoque maximalista (dar prioridad al socorro que apuntala el desarrollo). Sea como fuere, lo más indicado es aceptar todo el espectro de obligaciones humanitarias y sopesar cuantas se pueden cumplir de manera útil y segura. Ese criterio humanitario consiste en encontrar el equilibrio entre una evaluación precisa de las condiciones que se centre en el ser humano, por un lado, y el análisis ético y jurídico del deber humanitario, por el otro, para luego determinar lo que se puede hacer en función del contexto y los recursos disponibles.

Aunque aliviar el sufrimiento debe primar sobre las demás consideraciones, la ética del respeto, la inclusión y la capacitación es fundamental no sólo como un fin en sí mismo sino también porque trabajar con la gente alivia mucho más su sufrimiento que un enfoque ajeno a ella y autoritario.

La ética de la labor humanitaria no se limita únicamente a lo que se intenta hacer, también hay que saber en qué medida se hará bien y a quien se rendirán cuentas. No obstante, la responsabilidad en el terreno está aún subdesarrollada y los recursos que se le destinan siguen siendo insuficientes. Las organizaciones no utilizan sus propios principios como medida de autoevaluación. Ser responsable y aplicar los propios valores morales en su desempeño son elementos cruciales para la legitimidad de un organismo. Se trata de que se le tenga confianza.

El profesionalismo no basta. La solidaridad espontánea, damnificados que se ayudan entre sí, es vital. Después de los terremotos que sacudieron Turquía en 1999, la población local rescató de los escombros a 98 por ciento de las 55.000 víctimas a quienes se salvó la vida. La profesión humanitaria necesita tanto la acción individual como la pericia organizativa.

Empresarios y militares participan cada vez más en la labor humanitaria, ¿pero, pueden colaborar rigiéndose por los principios humanitarios? Por lo general, los militares saben muy poco acerca de quienes deben beneficiar de la ayuda y puede ocurrir que no la utilicen para aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Paralelamente, cada vez que no se mantuvo una distinción precisa entre militares y civiles, se comprometió la neutralidad y la seguridad de los trabajadores del quehacer humanitario. Además, el derecho internacional humanitario prevé estrictos deberes humanitarios para todas las fuerzas armadas, ya se trate tropas beligerantes, tropas de ocupación o tropas de mantenimiento de la paz. Lo más indicado es que los organismos de ayuda estén alerta respecto a esos conflictos de intereses, pero ello no quita que también deban promover la responsabilidad y la compasión humanitarias en todas las fuerzas armadas, tarea fundamental para que se respeten los principios de protección de la población civil y de la fuerza proporcional.

Resumiendo, la ayuda está siendo peligrosamente politizada y millones de los seres humanos más vulnerables quedan fuera del alcance de la asistencia y la protección humanitarias. Salvar vidas no basta. Respetar la dignidad del ser humano y sus medios de subsistencia es igualmente importante. Al respecto, las organizaciones humanitarias tienen dos deberes que cumplir: