A principios de 2003, la inanición acechaba a 15 millones de personas en todo África meridional, pero en realidad, los primeros signos de que se estaba gestando una crisis se detectaron a mediados de 2001. A pesar de las alertas que dieron poco después las organizaciones no gubernamentales (ONG), los gobiernos de la región negaron que hubiera una emergencia y durante nueve meses los donantes aplazaron su respuesta.

A mediados de 2002, en Malawi habían muerto más de 1.000 personas de inanición y cólera, agravado por la hambruna, sin contar las consecuencias de la incidencia del VIH/SIDA. Estas muertes podían haberse evitado, por lo que cabe preguntarse por qué se ignoraron las alertas tempranas o, simplemente, se dijo que no se justificaban.

En 2001-2002, se estaban aplicando tres sistemas para trazar mapas de vulnerabilidad: FEWSNET, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se basa en datos suministrados por satélites; las evaluaciones del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se centran en la producción y la disponibilidad de alimentos en toda una zona, y la evaluación de la Fundación Save the Children (FSC) que es el único método que analiza el acceso de la gente a los alimentos, y el papel que desempeñan los bienes de los hogares para hacer frente a sequías o inundaciones.

A mediados de 2001, FEWSNET informó que en Malawi, la producción de maíz disminuiría de un tercio, pero que esta pérdida sería compensada por una buena cosecha de tubérculos. Esta estimación demasiado optimista contribuyó a que los donantes postergaran sus respuestas. Sin embargo, a finales de 2001, el análisis de la FSC reveló que el precio del maíz había aumentado 340 por ciento, que la producción había disminuido de 40 por ciento y que la gente más pobre se había quedado sin alimentos. Asimismo, la FSC advirtió que la carestía aquejaba a todo el país, pero se le acusó de exagerar.

Los organismos de las Naciones Unidas y el gobierno de Malawi sólo reaccionaron cuando la FSC informó que la desnutrición se había duplicado, ascendiendo a 19 por ciento en algunos distritos. Incluso en ese momento, algunos donantes aplazaron la asignación de fondos hasta julio de 2002. Reforzar la seguridad alimentaria y los sistemas de supervisión de los medios de sustento a escala nacional, y mejorar la coordinación de los donantes respecto a la comunicación de alertas tempranas son elementos fundamentales para prevenir futuras hambrunas.

La carestía se ha visto agravada por el VIH/SIDA del que han muerto centenares de miles de personas en África meridional. La pandemia atenaza la región desde hace más de un decenio y, a pesar de tres años de inseguridad alimentaria, se tiene la impresión de que falta voluntad política y financiera para abordar esta compleja emergencia.

Las tasas de incidencia del VIH van de 15 por ciento en Malawi a 33 por ciento en Zimbabwe. El continente alberga el 75 por ciento de los 42 millones de personas que viven con el VIH/SIDA en el mundo entero. La hambruna aviva la pandemia. Los alimentos nutritivos ayudan a las personas seropositivas a vivir más tiempo y en condiciones más sanas, pero la falta de ellos acelera la evolución de la enfermedad. Las privaciones y la desesperación propician conductas de alto riesgo, tales como aceptar mantener relaciones sexuales a cambio de comida y dinero.

Dado que el mayor número de víctimas mortales del sida son adultos jóvenes, las familias pierden el sostén que representan los ingresos y las calificaciones de sus integrantes más productivos. En un hogar de campesinos de Zimbabwe, una de estas muertes equivale a una reducción de 60 por ciento de la producción de maíz. En Malawi, debido al VIH/SIDA, la esperanza de vida ha pasado de 46 a 36 años.

Las familias venden sus bienes para pagar la atención médica y los funerales. Los niños desertan las aulas para ocuparse de la casa, atender al enfermo y ganar dinero. Hay tantos huérfanos –470.000 en Malawi y 800.00 en Zimbabwe– que la familia extendida no puede ocuparse de ellos.

El tejido social está a punto de romperse. A pesar de que la pérdida de la cosecha en 1992 fuera mucho más grave, durante la peor sequía de la que se tenga memoria, el pueblo de Malawi resistió. Durante 10 años, la combinación de VIH/SIDA, pauperización y pérdida de cosechas han gestado otro desastre.

Esta combinación letal de sida, pobreza y hambre ha precipitado a los organismos de ayuda en una espiral de aprendizaje que da por tierra con los compartimentos artificiales de emergencia, recuperación y desarrollo. El sida es causa y consecuencia de la pobreza. ¿Desde el punto de vista moral, sigue siendo defendible que los organismos de socorro intervengan frente a este desastre humanitario sin abordar sus causas?

La política ha sido otro factor de la carestía en África meridional, pero la mayoría de los organismos internacionales de ayuda ha evitado criticar directamente a las autoridades de la región. En Malawi, el hecho de que el gobierno vendiera toda la reserva de granos, justo antes de que la hambruna se propagara por el país, se sigue siendo objeto de controversia, porque además, no se sabe qué fue del dinero obtenido de esa venta. En Zimbabwe, el ZANU-FP, partido del Presidente Mugabe, ha sido acusado de dejar morir de hambre a sus opositores y alimentar a sus correligionarios.

A principios de 2003, 7.000.000 de habitantes de Zimbabwe, más de la mitad de la población, necesitaban ayuda alimentaria. La caótica confiscación de tierras ha destruido la agricultura comercial y la temporada seca de 2002 agravó el desastre. La inflación anual es de 180 por ciento; la producción de cereales ha disminuido de dos tercios y uno de cada tres adultos es seropositivo.

El gobierno negó la carestía hasta después de los violentos comicios de marzo de 2002 en los que Mugabe fue reelecto. Según informes internacionales, el ZANU-PF politizó la hambruna negando a los opositores el acceso a la ayuda alimentaria y permitiendo que los aliados del partido lucraran revendiendo el barato maíz estatal a precios mucho más altos en el mercado negro, y obstaculizando las operaciones de los organismos de ayuda.

En diciembre de 2002, Food Security Network (FOSENET), agrupación de 24 ONG de Zimbabwe, documentó la manipulación política de la ayuda alimentaria y el suministro de cereales por parte del gobierno en 38 por ciento de los distritos que abarcaba la encuesta. FOSENET hizo un llamamiento a todas las ONG y a la ONU para que se solidarizaran frente a la interferencia gubernamental, pero la idea no prosperó. Según el Grupo Internacional de Crisis, “en Zimbabwe, la debilidad del liderazgo de la ONU comprometió la capacidad de los organismos de ayuda de prestar asistencia a los necesitados”. De ahí que las protestas se dejaran en manos de los militantes de Zimbabwe, lo que pone en peligro sus medios de sustento, su seguridad y sus familias. Varios de ellos, incluidos líderes de la iglesia, fueron arrestados y torturados.

En medio de esa situación, ¿en qué medida los organismos de ayuda pueden seguir insistiendo en los principios humanitarios universales? En el otoño septentrional de 2002, el gobierno suprimió todas las operaciones de la FSC, incluida la ayuda alimentaria vital para más de 150.000 personas vulnerables del Valle de Zambeze porque, en ese distrito, la oposición había conseguido muchos votos y se sospechaba que dicha fundación hubiera politizado la ayuda alimentaria para que la gente cambiara su voto.

Los defensores de los derechos humanos instaron a los organismos a adoptar una posición abiertamente crítica frente al gobierno por negar a los hambrientos el derecho de recibir ayuda alimentaria, lo que vulnera los derechos humanos. Los miembros del personal de la FSC optaron por una propuesta más discreta, argumentando que ningún otro organismo podía alimentar a esta población con tanta eficiencia como ellos, por lo que preferían negociar una solución rápida con las autoridades, en lugar de comprometer las distribuciones de alimentos debido a una confrontación moral.

Siete semanas después de que se suspendiera la ayuda, la FSC firmaba un nuevo acuerdo con el gobierno y reanudaba sus programas. Dicho acuerdo contiene los cuatros principios fundamentales que han regido las intervenciones de la FSC desde 2001, a saber:

Una falla de las organizaciones humanitarias que trabajan en Zimbabwe fue no aunar posiciones respecto a los principios fundamentales de intervención. La negociación de un código de conducta entre organismos, donantes, el gobierno de Zimbabwe y la ONU permitiría definir principios y parámetros comunes de las operaciones de socorro.

Capítulo escrito por Anna Jefferys y Chris McIvor de la FSC. El texto del recuadro es de Jonathan Walter y Mercedes Sayagues, periodista independiente.