Tras el 11 de septiembre de 2001, Afganistán dejó de ser un país prácticamente olvidado para ocupar el primer plano de la atención mundial. El ataque liderado por EE.UU. que derrocó el régimen talibán sentó las bases de la transición política y la posibilidad de establecer la paz después de más de 20 años de guerra. Aun así, subsisten problemas. Se arguye que la seguridad es peor ahora que bajo dicho régimen. Las operaciones de ayuda cívicomilitares pueden comprometer la neutralidad e imparcialidad del quehacer humanitario. El gobierno incipiente se queja de que se ofrezca mucha más ayuda de socorro que para la reconstrucción a largo plazo. Las cuestiones morales relativas a la producción de drogas y las violaciones de derechos humanos, que constituyeron el núcleo de la condena internacional del régimen talibán, aún no se han abordado como corresponde.

La estrategia de guerra de Estados Unidos, que consistió en armar a la oposición afgana para expulsar a los talibanes, dio lugar a que los panjshiris de la Alianza del Norte dominen la escena política en detrimento de los pashtuns, el grupo étnico más numeroso del país. Paralelamente, la elección de los integrantes de la Autoridad de Transición Afgana (ATA) por parte de la loya jirga (gran asamblea) se vio distorsionada por la intimidación de grupos armados. De ahí que la transferencia del poder a una autoridad de base más amplia no tuviera lugar y que la ATA no goce aún de credibilidad en el país.

Las organizaciones de ayuda, que se rigen por los principios de imparcialidad e independencia deberían negarse a colaborar con la ATA? La ayuda internacional es determinante para que dicha autoridad pueda ofrecer prestaciones a los ciudadanos. Si la ATA se desmiembra, muy probablemente vuelva a estallar un conflicto armado y éste es el principal temor de la mayoría de los afganos. Por lo tanto, la colaboración con la ATA debe regirse por principios estrictos. Durante el régimen talibán, los organismos de ayuda convinieron en que esa colaboración debía prestarse únicamente en función de las necesidades y no debía ofrecer ninguna ventaja política o militar a los beligerantes. Ahora bien, da la impresión de que después del 11 de septiembre, la cuestión de los principios haya desaparecido del programa de ayuda. Los derechos de las mujeres se siguen vulnerando. En 2002, la producción de opio ascendió a 3.400 toneladas, es decir, 20 veces más que en 2001 y se prevé que en 2003 sea todavía mayor.

Aproximadamente dos tercios de las sumas de dinero prometidas en la conferencia de donantes, celebrada en Tokio en enero de 2002, se destinó a la asistencia humanitaria y sobre todo a ayuda alimentaria. A pesar de que 24 años de guerra hayan generado necesidades crónicas de emergencia, la solución no reside en la acción humanitaria, que de por sí es de corta duración, ni en las dádivas o la dependencia del personal extranjero. La ATA mantiene que la ayuda alimentaria distorsiona la economía agrícola porque hace bajar los precios y disuade a los agricultores de plantar trigo.

A fin de que Afganistán resuelva estos problemas habrá que tomar una decisión difícil, es decir, optar por una prestación de ayuda material, rápida y de carácter general, o bien, por el desarrollo de capacidades que es más lento. Ahora bien, la presencia de cientos de organizaciones internacionales (350 ONG internacionales, 670 funcionarios de la ONU, y docenas de embajadas) puede socavar las capacidades afganas cuando, en realidad, lo que hace falta es cimentarlas. Alquileres y salarios se han disparado, dejando al gobierno sin la poca pericia y experiencia que quedaban en el país. Por ejemplo, en la embajada de EE.UU. el salario mensual de un chofer afgano asciende a más de 500 dólares, mientras que un doctor del servicio público gana 45 dólares por mes.

En ningún otro campo las cuestiones éticas son tan graves como en la esfera de los derechos humanos. En más de dos decenios de conflicto armado, todas las partes vulneraron esos derechos, incluidos aquellos que hoy están en el poder. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿puede haber paz sin justicia?

En el Acuerdo de Bonn, firmado en diciembre de 2001, se recomendaba nombrar una Comisión de Derechos Humanos, pero ésta nunca contó con recursos suficientes. Asimismo, se encomendaba que la ONU abordara la cuestión de los derechos humanos, pero el Representante Especial de dicha organización mantuvo que, actualmente, es imposible que haya paz y justicia, y que los derechos humanos deben enfocarse desde la perspectiva global de garantizar una transición pacífica. Quienes discrepan, entienden que esta posición supone sacrificar la labor relativa a los derechos humanos en aras de la estabilidad a corto plazo.

Las violaciones de derechos humanos no terminaron con la derrota de los talibanes, ya que los pashtunes del norte fueron agredidos simplemente por pertenecer al mismo grupo étnico. Las fuerzas militares afganas, acusadas de estas violaciones, eran aliadas de las fuerzas de coalición que, indudablemente, no protegieron a los civiles como corresponde. En todo el país se vulneraron los derechos humanos, incluso durante el establecimiento de la loya jirga, por lo que cabe interrogarse sobre la libertad y la equidad de las elecciones previstas para 2004.

Condenar no basta. Víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos, la comunidad debe proteger a los afganos para evitar que corran mayor peligro. Dado que los derechos humanos fueron el núcleo de las negociaciones de occidente con los talibanes, no es de extrañar que muchos afganos se sintieran abandonados al ver que no se tomaban medidas inmediatamente.

La seguridad es lo más importante para el ciudadano medio. Sin embargo, se sigue deteriorando, en parte, porque las tropas de la coalición han armado a los señores de la guerra locales. A principios de 2003, el desarme había apenas comenzado y la formación de efectivos de la policía y las fuerzas armadas afganas avanzaba a duras penas.

Mientras tanto, los poderes occidentales se mostraban renuentes a desplegar más allá de Kabul a la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad. En cambio, a finales de 2002, se crearon equipos provinciales de reconstrucción (EPR), integrados por civiles y militares, encargados de apoyar la reconstrucción y de eliminar las “causas de inestabilidad” en todo el país. Ahora bien, por lo que atañe al pueblo afgano, las organizaciones humanitarias prefieren mantener una clara distinción entre funciones humanitarias y funciones militares, ya que sin ella, los trabajadores que prestan esa ayuda pueden perder la protección que entrañan la independencia y la neutralidad.

El peligro es grave, principalmente en aquellas zonas donde murieron inocentes a raíz de la guerra contra el terror a la que se libra el gobierno estadounidense; citemos como ejemplo, el ataque aéreo de una fiesta de bodas, cerca de Kandahar, perpetrado en junio de 2002, en el que murieron 54 civiles afganos. En marzo de 2003, un trabajador de la ayuda internacional fue asesinado en esa misma provincia mientras que sus colegas afganos salieron indemnes.

Cuando las fuerzas de la coalición empezaron a bombardear Afganistán, los líderes mundiales prometieron que no partirían y que ayudarían a reconstruir el país. Los afganos siguen esperando. La inseguridad y el poder de los señores de la guerra imperan y será difícil que haya un verdadero avance hacia un gobierno plenamente representativo o una reconstrucción sustancial. La ayuda no puede resolver todos estos problemas que exigen un compromiso político sostenido con este país.

Afganistán necesita asistencia a largo plazo, pero sólo recibe ayuda humanitaria a corto plazo. De ahí que no se haya logrado abordar las crisis crónicas que aquejan al país y que se socaven las capacidades nacionales. La mayoría de estos problemas era previsible, habida cuenta de las experiencias de Bosnia, Kosovo y Timor Oriental, del aumento vertiginoso de los alquileres a la inflación de salarios, pasando por la distorsión de prioridades y la falta de protección. Urge avanzar en lo que respecta a: