Hoy en día, más de 175 millones de personas no viven en su tierra natal, es decir, el doble que en 1975. En muchos casos se trata de emigrantes económicos, que huyen de la pobreza o la pauperización, y representan un importante recurso de desarrollo para su respectivo país, pues en conjunto, transfieren unos 80.000 millones de dólares a los países en desarrollo mientras que la ayuda mundial asciende a 50.000 millones de dólares.

Si bien es cierto que muchos optan por emigrar, decenas de millones se ven obligados a huir debido a condiciones que ponen en peligro su vida. Por otra parte, el derecho y las instituciones internacionales distan de protegerlos y el drama que viven es un desastre olvidado. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 1951 por la ONU, ampara a toda persona que haya atravesado una frontera nacional y tenga “fundados temores de ser perseguida” si vuelve a su país natal. Actualmente, hay unos 16 millones de refugiados en el mundo entero. Ahora bien, aunque quienes huyen de la guerra, los desastres naturales, la violencia o la pauperización son muchos más, por lo general, no se les considera refugiados. Aquellos que no atraviesan fronteras nacionales son “desplazados internos” (DI), y en el mundo hay unos 25 millones. Lo que más preocupa es su seguridad porque el simple hecho de llegar hasta ellos, en muchos casos, sigue siendo muy difícil. Se estima que en el mundo hay otros 25 millones de “emigrantes ambientales” que huyeron de desastres naturales o tuvieron que partir debido a proyectos de desarrollo tales como la construcción de represas y carreteras. Además, cada año 4.000.000 de personas son víctimas de la trata.

El drama de millones de emigrante forzosos plantea serias cuestiones de orden ético y jurídico. La definición de refugiado de la citada convención excluye a quienes no pueden demostrar que serán víctimas de persecución en su país natal. Además, estipula claramente que los refugiados tienen derecho a la protección internacional mientras que un número mucho mayor de emigrantes forzosos siguen siendo vulnerables y no gozan de protección alguna. La ONU ha establecido principios rectores para ayudar a los DI, pero ninguno de sus organismos tiene mandato de ayudarles. Técnicamente, incumbe a los gobiernos nacionales ocuparse de ellos, pero millones no reciben ayuda alguna.

Asimismo, las políticas de asilo de los países desarrollados comprometen considerablemente la seguridad y los derechos de refugiados e inmigrantes. Australia, por ejemplo, rechaza a los inmigrantes que llegan por barco y los envía a otros países del Pacífico. En el Norte, se ponen constantemente escollos a los solicitantes de asilo, ya sea imponiendo requisitos estrictos para otorgar visados y sanciones a los “transportistas” o dando largas a la decisión sobre las solicitudes. Las autoridades argumentan que todas estas medidas desalientan a los “falsos” solicitantes de asilo, pero ello no quita, que exponga a un enorme riesgo a los “auténticos refugiados”, haciendo que caigan en manos de traficantes, junto con otros emigrantes, lo que propicia el crimen organizado y expone a un riego aún mayor a los emigrantes forzosos. Si los países ricos restringen las solicitudes de asilo, los Estados menos ricos que se encuentran en primera líneas, tales como Irán y Pakistán que han acogido refugiados por años y años, pueden verse tentados de hacer lo mismo. Una solución para reducir las tensiones que experimentan los sistema de asilo “del Norte”, sería otorgar permisos de trabajo a los emigrantes económicos.

Mientras que los Estados ricos gastan miles de millones de dólares en procedimientos de asilo ineficaces, la cantidad de fondos que destinan al número muchísimo mayor de emigrantes de los países en desarrollo ha disminuido tanto que supone un verdadero peligro.

A raíz de estos recortes de fondos, en 2002, hubo que disminuir la ración alimentaria de millares y millares de refugiados, lo que agravó la desnutrición. Hoy en día, la verdadera “crisis del asilo” estriba en que se gasta demasiado dinero para impedir que los solicitantes de asilo entren en el Norte y no lo suficiente para ayudarles en el Sur.

Lo peor es que cada año, en el mundo entero, hasta 4.000.000 de mujeres y niños son víctimas de la trata. Explotación sexual con fines comerciales, servicio doméstico, empresas que explotan al personal, producción agrícola y restaurantes son el paradero de las víctimas de la trata a quienes se puede obligar a trabajar largos períodos en condiciones semejantes a la esclavitud y contra su voluntad. Algunos emigrantes pueden estar de acuerdo en que se les transporte clandestinamente a otros países, pero luego, se ven obligados a trabajar para reembolsar los gastos de los traficantes de seres humanos; por ejemplo, 50.000 dólares para ir de China a Estados Unidos.

Existen medios jurídicos, educativos y de defensa de derechos para luchar contra la trata. Hacer cumplir las leyes puede disuadir a esta clase de delincuentes y empleadores, pero, por lo general, las condenas son peores para las víctimas que para dichos traficantes. El objetivo de las estrategias de educación deberían ser quienes recurren a la trata y los efectivos encargados de interceptar esas operaciones. Además, los inmigrantes ilegales tienen derecho a ser protegidos de agresiones físicas y a gozar de la protección que ampara a los testigos para poder testimoniar libremente contra quienes los capturaron. También es preciso ayudarles para que puedan volver a salvo a su país.

Desde el 11 de septiembre de 2001, los controles de inmigración son mucho más estrictos. En Estados Unidos, los nacionales de 25 países, principalmente islámicos, están obligados a inscribirse en el registro de las autoridades de inmigración, lo que preocupa por motivos de discriminación. Inevitablemente, la inestabilidad de algunos países, que es terreno fértil para el terrorismo, también contribuye a que mucha gente huya por ese mismo motivo. Seguir aplicando políticas generosas en materia de refugiados frente a las amenazas terroristas supone un reto para todos los países.

Una vez que los emigrantes llegan al país de destino, sus derechos suelen estar muy poco protegidos. Por ejemplo, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada en 1990 y que debería entrar en vigor en julio de 2003, no ha sido ratificada por ninguno de esos “países de destino”. Ahora bien, de conformidad con el derecho consuetudinario, los Estados tienen el deber de proteger los derechos de todos aquellos que residen en su territorio, incluidos los inmigrantes ilegales. La detención de niños no puede justificarse bajo ningún concepto, sin embargo, en Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido se detiene a niños inmigrantes que no superan la prueba de la solicitud de asilo. Es imprescindible que muchos países establezcan y apliquen programas de lucha activa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación multilateral es esencial para abordar la cuestión de la migración mundial. Pocos países están en condiciones de erigir barreras suficientes para acabar con la inmigración clandestina y las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos limitan acertadamente las opciones de un país. Refugiados aparte, no existe ningún sistema internacional que estipule normas acerca de los desplazamientos de población ni que permita calcular los costos y las ganancias de la migración. Los deberes de los Estados respecto a los migrantes forzosos aún no se han definido claramente. De ahí que urja establecer nuevos marcos jurídicos y las consiguientes instituciones internacionales.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) ya no basta para proteger a todos aquellos que se ven obligados a huir de condiciones que ponen en peligro su vida. La búsqueda de soluciones jurídicas y humanitarias avanza lentamente por la falta de datos que permitan detectar a las personas en cuestión. Se debería considerar con detenimiento, la posibilidad de nombrar un Alto Comisionado para los Migrantes Forzosos, que garantice un trato justo a todos ellos.

Además, la comunidad internacional debe volver a dotarse de fondos suficientes para ofrecer condiciones seguras a la mayoría de los refugiados que permanecen en los países en desarrollo. Por su parte, los países desarrollados podrían mejorar la protección ofreciendo posibilidades de reasentamiento y garantizando que toda repatriación sea segura y voluntaria. Levantar estos retos es complicado por la doble amenaza que suponen el terrorismo y la trata; por el bien de todos hay que combatirlos, pero la seguridad no debe servir de excusa para no velar por la seguridad de los migrantes forzosos.

Capítulo y texto del recuadro escritos por Susan F. Martin de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., Estados Unidos.