Ginebra, 04 de abril de 2025: Declaración conjunta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Noruega, Letonia, Lituania y Suecia

Los recientes anuncios de varios Estados del norte y centro de Europa sobre su decisión de retirarse de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal suponen un peligroso revés para la protección de la población civil en los conflictos armados. Alegando el deterioro de la situación de seguridad y las amenazas militares, estas decisiones se producen en un momento de crecientes tensiones internacionales y conflictos armados, que ya se han cobrado decenas de miles de vidas.

La historia es clara y no se pueden pasar por alto los efectos indiscriminados de estas armas. Incluso cuando se colocan inicialmente en primera línea, matan y mutilan inevitablemente a las mismas personas a las que debían proteger, antes de ser finalmente retiradas con costos astronómicos.

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal prohíbe totalmente las minas antipersonal y ofrece una protección vital a la población civil, tanto en situaciones de conflicto armado como de posconflicto. Los Estados que se retiran de estos tratados corren el riesgo de erosionar la protección que salva vidas y amenazan décadas de esfuerzos mundiales para erradicar estas armas inhumanas. Se trata de un paso atrás con consecuencias humanitarias devastadoras, que expone a las personas a un riesgo duradero de muerte y lesiones.

El Derecho Internacional Humanitario, incluida esta convención, existe para proteger a las personas en los momentos más oscuros, basándose en la experiencia de los campos de batalla de la guerra y sus costos humanos. Adoptar estas normas en tiempos de paz y abandonarlas en tiempos de guerra o de tensiones crecientes es malinterpretar por completo su significado. Abandonarlas porque el adversario no las respeta conduce a una peligrosa espiral descendente, cuyo precio pagarán civiles.

Su limitada utilidad militar no ha cambiado desde que se adoptó la convención en 1997: sea como sea, los Estados acordaron prohibir estas armas, porque algunas simplemente no son aceptables.

Cumplir los compromisos humanitarios es vital para proteger a las personas atrapadas en conflictos armados y servir a los intereses de todo el mundo, independientemente de las acciones de los demás. Ahora es el momento de defender -no de debilitar- las normas humanitarias. En tiempos de gran incertidumbre y agudas tensiones internacionales, pedimos a los Estados que refuercen el estigma contra las armas cuyo costo humano es inaceptable. Más del 80% de los Estados del mundo están comprometidos con un mundo libre de minas, y esta es la visión por la que debemos y seguiremos trabajando.

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